En promedio, en Argentina, hay unos 500 policías cada 100.000 personas, llegando a los 800 en la Ciudad de Buenos Aires lo que significa cerca de un policía cada 120 personas. De forma similar Cordoba supera la media con 680 efectivos cada 100.000. Al poner los números en perspectiva vemos que en EEUU el promedio es de de 250 y en México de 220.

La propaganda oficial del Gobierno de la Ciudad antes de las elecciones se enfoco en enumerar la cantidad de policías y cámaras de vigilancia con la que cuentan hoy en día. Bajo el lema de “Nunca Antes” y con guiños tales como “que el esfuerzo valga la pena” buscan establecer un relato donde en materia de seguridad nunca hubo tamaña cantidad de fuerzas desplegadas en la calle. Esto, vale mencionarlo, es verdad.

Lo absurdo del tema es que se puede hacer el mismo corte en otros momentos de la historia y decir exactamente lo mismo, porque el aparato represivo del Estado crece cuantitativamente con cada gobierno. Del otro lado de la vereda, y hasta que no logren sujetar el bastón de mando, dicen que nunca antes hubo tanta represión a las luchas populares como la que se vivió bajo el gobierno de Macri.

Que este gobierno invirtió mucho en el desarrollo de mayores estructuras represivas, no lo niega nadie, pero lo hizo desde un lugar marcadamente ideológico, con la visita del presidente a los policías heridos en las protestas contra la reforma previsional, la presencia y el apoyo a Luis Chocobar en la Casa Rosada o cada palabra que sale de la boca de Patricia Bullrich. Aunque hay que darle crédito a Germán Garavano (Min. de Justicia y DDHH) que tuvo la mayor claridad al poner en palabras las políticas de seguridad del actual gobierno“la violación de la ley tiene y va a tener consecuencias”.

¿Cuales serian las consecuencias? bueno, esto lo dijo en una conferencia de prensa después del asesinato por la espalda de Rafael Nahuel a manos del grupo Albatros, así que podemos asumir que la muerte por una bala de las*fuerzas de seguridad*es parte de las consecuencias.

Respetar la Ley

“Cuando Néstor la recibió (a la Argentina), los que se morían por situaciones de violencia eran trabajadores sociales o miembros de las organizaciones sociales. Hoy tenemos que lamentar la muerte de siete gendarmes. Qué Argentina diferente, ¿no?”. Cristina Kirchner.

Mientras la entonces presidente hacia esta referencia a las muertes en luchas sociales tenia solo a dos sillas de distancia a Anibal Fernandez, secretario general de la presidencia de Eduardo Duhalde cuando asesinaron a Maximiliano Kosteki y a Darío Santillán.

En su momento Anibal Fernandez, quien sostuvo diferentes cargos durante los gobiernos kirchneristas, decía “nosotros conocíamos desde hace 20 días que iba a suceder una cosa de estas características, porque nos habían hecho los comentarios y sabíamos que se organizaba para el 22 y 23, en el estadio Gatica de Villa Domínico, una asamblea de piqueteros en la que se iban a discutir los cursos a seguir. En esa asamblea se hablo de lucha armada, en esa asamblea se definió lo que ellos llaman un plan de lucha, que no es otra cosa que un cronograma de hostilidades”.

Entonces, quien fuera Ministro de Justicia y DDHH de Cristina con su caracterización de “plan de lucha” como “cronograma de hostilidades” no se diferencia tanto de el actual que hablando de los mapuche y su lucha por territorio destacaba “la importancia de la investigación de la Justicia respecto a los grupos que no reconocen al Estado y no respetan la ley”. Dentro de la ley todo, fuera de la ley nada, siempre y cuando los actores no respondan a los intereses del Gobierno.

Si decidimos hablar de las similitudes y del plan sistemático de los gobiernos de reforzar sus estructuras represivas haciendo hincapié en los gobiernos de Nestor y Cristina, junto al actual Gobierno, no es solo porque sean los actuales jugadores por el poder del Estado una vez mas, sino porque lograron instalar en el imaginario popular que durante los gobiernos kirchneristas no se reprimió la protesta social, no se dejo un tendal de pibes muertos a manos de la policía y no se torturaba en las comisarías y en las cárceles. Entre la desmemoria y el relato parece que ese tipo de políticas solo fueron llevadas adelante por Menem, De la Rua, Duhalde y ahora Macri. Pero, el curriculum represivo durante los doce años de gobierno kirchnerista nada tiene que envidiarle al actual y quizás uno de sus mayores logros fue la Ley Antiterrorista reforzando el Código Penal para perseguir a organizaciones sociales y políticas.

“Las polémicas superficiales sobre la inseguridad esconden un hecho incontrastable: nunca en la historia argentina hubo más efectivos en las fuerzas de seguridad que en la actualidad, nunca hubo tantos patrulleros ni tantas cámaras ni tecnología ni estructura de comunicaciones dedicados a combatir el delito. La inversión estatal, no sólo nacional sino también provincial, bate records.” Raúl Kollmann, Pagina12. (26/08/2012).

Luego de largos periodos de lucha social durante los primeros años de este siglo fue tarea de Nestor Kirchner recuperar el control de la calle y la hegemonía del Estado por sobre los sectores combativos. Para esto hizo uso tanto de la represión legal como de la ilegal, y hablamos de legalidad no porque aceptemos a una por sobre la otra sino porque entendemos a las estructuras sindicales y al aparato político del PJ como parte del Estado y no podríamos definir una represión “para-estatal” entendiendo esto.

En periódicos anteriores analizamos los “números” en cuanto a muertes a manos de las fuerzas de seguridad en los distintos gobiernos por lo que vamos a mover el foco ligeramente a la represión en protestas sociales.

Ganar la calle

Con una conflictividad social en aumento y la consecuente descomposición social que había creado la crisis económica el Estado necesitaba rearmarse. El eje se puso en el crecimiento de algunas fuerzas como la PSA, la PFA, la Prefectura y Gendarmería. Entre el 2003 y 2015 estas fuerzas tuvieron un incremento del 61%, pasando de 70.000 a 112.900 efectivos. La fuerza predilecta durante estos gobiernos sabemos qué fue la Gendarmería y en esos doce años esta fuerza se incremento en más de 20.000 gendarmes. Para contrastar, durante los cuatro años de presidencia de Macri solo sumo cerca de 400.

Este crecimiento del 111% no es casual, tuvo que ver con un plan estratégico para cambiar sus funciones que pasaron de custodiar las fronteras a ser la fuerza principal para la represión de las protestas, piquetes y mas adelante para patrullar los barrios. De la misma forma podemos ver qué en materia de presupuesto (haciendo el ajuste por la inflación) entre el 2003 y 2015 hubo un incremento del 66,8% en Seguridad y Defensa, desde que asumió el gobierno Mauricio Macri este incremento no llego al 10%.

Entonces, la no tan “pesada herencia” para este gobierno parece haber sido un aparato represivo cuantioso y aceitado para poder llevar adelante las medidas que restaban para el fortalecimiento del Estado y el respeto a las instituciones.

Pero, como mencionábamos antes, también se hizo uso de la represión ilegal, y si bien los datos sobre este tipo de medidas son mas complejas de analizar se puede diferenciar entre acciones llevadas adelante por direcciones sindicales, promovidas por dirigentes del PJ, autoridades gubernamentales (como los barones del conurbano) y elementos mafiosos.

Recordamos el accionar de la UTA con los aprietes a trabajadores del Subte, el incendio de un vagón remolque en en un taller de una cabecera, sabotajes a coches con amenazas, también el caso de las patotas para romper acampes afuera de fabricas, secuestros, y, quizás, uno de los casos mas emblemáticos el asesinato de Mariano Ferreyra. Un militante de 23 años del Partido Obrero que murió tras ser baleado por una patota de la Unión Ferroviaria luego de un intento de corte de vías junto a trabajadores tercerizados del Ferrocarril Roca y otras organizaciones. Ese día Elsa Rodriguez, de 56 años, también recibió un disparo, en su caso en la cabeza estando 40 días en coma y con secuelas que todavía la acompañan.

La represión oficial también se llevo su buen numero de muertes durante la década ganada, el nombre que mas resuena es el de Carlos Fuentealba muerto por un gas lacrimógeno lanzado dentro del auto en el que escapaban de la represión y que lo impacto en la cabeza. Pero más allá de estos dos nombres se encuentran muchos otros, mas de 45 personas de distintas tendencias, asesinadas por su participación social, sindical o política.

Para contrarrestar el absurdo de la idea que un.gobierno no castigue la protesta social y que este relato haya logrado instalarse en diversos sectores de la población podemos usar las palabras del mismísimo Sergio Berni, ex secretario de seguridad del anterior gobierno, que orgullosamente declara: “mas de 2500 piquetes he desalojado durante mi gestión, durante cuatro años”. Durante los gobiernos *nacionales y populares*también se registraron mas de cinco mil personas procesadas por su participación en diferentes luchas sociales y para estos procesos se usaron las mismas figuras penales que se usan hoy en día.

El articulo 194 del Código Penal del que hace uso el “protocolo antipiquete” de Bullrich es el mismo que se usaba para procesar y detener manifestantes en los cortes de ruta. De igual forma las imputaciones de usurpación a los pueblos originarios y campesinos, los delitos de sedición bajo el articulo 230 del

C.P., la figura de intimidación pública, resistencia a la autoridad, daños, etc. Es decir, el mismo marco legal y a pesar de que en el 2016 la ex presidente haya querido instalar que “en Argentina pasamos la primera Navidad con presos políticos desde el inicio de la democracia” esto por supuesto solo era parte de intentar reescribir la historia para que existan solo héroes y villanos.

Preparando el terreno

“[…] pudo observar que había tres personas, claramente identificables que evidenciaban ser los cabecillas, dando indicaciones a los manifestantes y siendo entrevistados por medios periodísticos que allí se manifestaban. Por tal motivo, encontrándose la dicente vestida de civil se entremezcló con la multitud, de manera encubierta y comenzó a recabar los datos de las personas en cuestión preguntando entre las personas que se manifestaban, el nombre de los cabecillas, obteniendo los datos de los imputados, Gentile, Norniella y Coria.” Elisabeth Calisaya, oficial de Gendarmería.

El General Perón dijo que “el hombre es bueno, pero si se lo vigila es mejor” y mas adelante Cristina levantaría la apuesta al decir que “todos somos buenos, pero cuando nos controlan y nos vigilan, somos mejores”. La oficial Calisaya, en su declaración contra delegados de Kraft, manifestó que pudo aclarar su confusión respecto de algunos manifestantes “a través de la base de datos con qué cuenta la fuerza en la cual se desempeña”. El nombre de esta “base de datos” era “Project X”.

En palabras de Nilda Garre luego de que se conociera la existencia de este proyecto, este no era mas que una simple “base de datos”, obsoleta incluso ya que había quedado caduca y necesitaba modernizarse. Pero la realidad nos cuenta que el problema del Proyecto X no era solo la base de datos y el software para hacer las búsquedas sobre militantes sociales, sindicales y políticos sino también la forma en que se recolectaban esos datos, por medio de la infiltración y el espionaje mediante agentes de civil. Era parte de un aparato de inteligencia para poder juntar información que luego pudiese ser usada en la justicia, como ejemplo están las palabras del director de Gendarmería en ese momento “se informa los resultados al juzgado interviniente y se eleva la documentación labrada con los medios de prueba reunidos, a fin de que se formalice la causa judicial pertinente al tenor del articulo 194 Código Penal Argentino”.

Otro Gendarme declararía cual era el modus operandi en las manifestaciones: “nuestra función allí es solamente observar quiénes están en el lugar, hablar con la gente para saber el motivo del corte, mientras que todo lo referente al restablecimiento del tránsito se encarga el Escuadrón de Seguridad Vial… que vamos al lugar vestidos de civil para mezclarnos entre la gente y determinar quiénes son los que hablan por los altoparlantes, ver quiénes son los organizadores”.

Básicamente el Proyecto X era una de las tantas herramientas de inteligencia con las que cuenta el Estado, en ella estaba la información de militantes, activistas, dirigentes, un listado de más de mil organizaciones monitoreadas por la fuerza, minutas informativas sobre marchas y encuentros, incluso, en lugares cerrados.

Decimos una de las tantas porque el trabajo de la inteligencia en Argentina es un tema aparte y bastante complejo para abordar en esta nota, con continuas peleas por el poder y un crecimiento exponencial en la década anterior, pasando de emitir unos 1400 informes de inteligencia al año en el 2002 hasta unos 72.000 en el año 2007. Cabe recordar también el crecimiento en el presupuesto al área de inteligencia del ejercito en apoyo a César Santos del Corazón de Jesús Milani, las peleas con Jaime Stiuso y la muerte a los tiros a manos del Grupo Halcón de su mano derecha. Pero esa es otra historia y debe ser contada en otra ocasión.

“Este sistema que voy a leer el nombre porque nunca me lo acuerdo, que acabo de firmar y que tiene el nombre de SIBIOS, Sistema Federal de Identificación Biométrica para la Seguridad. Es algo que veníamos trabajando y que yo realmente estaba empecinada en hacerlo porque cuando me entere de que esto se podía hacer dije que seria un salto cualitativo muy importante en la seguridad, en la lucha contra el delito, sobre todo hoy que prácticamente hay en todos los lugares cámaras que permiten filmar, identificar rostros que obviamente no se pueden saber quien es por las huellas digitales pero si a través de esta identificación.” Cristina Kirchner.

De esta forma, y por medio de un decreto, en Noviembre del 2011 se anunció el programa SIBIOS, una base de datos centralizada para almacenar en un único lugar todos los recursos necesarios para poder identificar a una persona. Acompañado del nuevo documento que remplazaría a la vieja libreta de color verde y con la obligatoriedad de contar con esta nueva tarjeta para acreditar identidad, en solo un par de años, el Estado argentino logro lo que muchos otros estados sueñan, la acumulación de los datos biométricos de prácticamente toda la población y una única fuente centralizada de búsqueda.

Los datos biométricos son una serie de parámetros físicos únicos en cada persona para poder comprobar su identidad, de esta forma accediendo a este sistema no solo estarían los datos personales y causas judiciales sino también, en principio, las huellas dactilares y fotos del rostro. Existen otros datos que podrían sumarse eventualmente como los datos del iris del ojo, la geometría de la mano, la forma de caminar o el patrón de voz, el tipo de dato a ingresar es indiferente, lo importante del sistema es la forma en que centraliza y habilita la búsqueda de la información.

Si nos conocemos mejor, nos cuidamos más

En principio solo las fuerzas de seguridad y algunos organismos estatales como el RENAPER o Migraciones contaban con acceso al SIBIOS, pero a partir del 2017 todos los organismos del Poder Ejecutivo y Judicial (nacionales, provinciales y de CABA) pueden consultar este sistema, accediendo de esta forma a datos biométricos en tiempo real.

Con el traspaso de las escuchas telefónicas a la corte, mediante el convenio entre Bullrich y Lorenzetti, se incluyo el acceso a SIBIOS, las bases de Morphoface (reconocimiento facial), el Registro y Laboratorio de Voz (acústica forense), la base de Identificación Automática de Huellas Dactilares (AFIS) y otros. También se establece la instalación de puestos de escucha directa en el edificio Centinela de Gendarmería, en las sedes de Prefectura, la PSA y en él Destacamento Móvil 2 de Gendarmería en Rosario. Es evidente la continuidad y la evolución de las estructuras represivas y los aparatos de inteligencia a través de los diferentes gobiernos, reforzando un Estado que dispone, cada vez, de mayores herramientas para el control social.

Un ejemplo de esto es la experiencia que lleva adelante la Ciudad de Buenos Aires. El Gobierno de la Ciudad cuenta con mas de 7400 cámaras 4k y Larreta promete 10.000 mas si logra un nuevo mandato. Hace algunos meses se comenzó a hacer uso de un software de reconocimiento facial en estas cámaras, por un mero tema presupuestario solo se cuentan con 300 licencias con lo que se usa de forma rotativa. Diariamente se sincronizan los datos de la CoNaRC (Consulta Nacional de Rebeldía y Capturas) con los de él RENAPER (Registro Nacional de las Personas) para obtener los datos biométricos y hacer posible el reconocimiento. Para poder reconocer un rostro el software tiene que poder analizar cada cara y determinar el porcentaje de acierto contra los datos de las 46.000 personas en el CoNaRC, es decir analizar el rostro de millones de personas diariamente.

La critica desde quienes antes estuvieron en el poder y desarrollaron herramientas de inteligencia, pocas veces vistas, parece ser la cantidad de falsos positivos que podrían haber en este sistema, la cantidad de personas que podrían ser detenidas/demoradas “sin razón”. Pero como vemos desde el 2001 para acá el Estado multiplica sus esfuerzos mediante diferentes herramientas para el control y el disciplinamiento social, y ese es el verdadero problema.

La represión, el seguimiento y el control son fundamentales para la existencia del Estado, no importa el color del gobierno. Por lo que no entendemos que los falsos positivos, las balas de goma y los gases lacrimógenos sean el problema a combatir sino que es el Estado en su totalidad el que tiene que ser destruido. No podemos quedarnos abrazando las quejas ciudadanas contra la represión y los abusos policiales cuando estamos llegando a un punto de no retorno.