“La protesta no es violencia. La policía va a reprimir cualquier atentado contra la República” se escucha decir por los altoparlantes de la estación de tren; el mismo mensaje puede verse en las pantallas. Un comunicado del Ministerio de Seguridad anuncia una recompensa de diez millones de pesos a quienes provean información sobre personas ocasionando disturbios en las protestas. Operadores políticos del aparato de propaganda del Estado repiten las amenazas en canales de televisión y portales digitales.
En las redes, quienes se quejan de la represión piden que en la próxima marcha se saquen fotos. No lo dicen para poder determinar las responsabilidades de las fuerzas de seguridad ante nuevos heridos o detenciones. Quieren identificar a quienes no se manifiestan como ellos. El sistema de inteligencia festeja y anuncia detenciones usando herramientas de reconocimiento facial. Gobierno y oposición trabajan juntos para erradicar a los violentos, a los inorgánicos, a quienes buscan tener un mínimo de herramientas de autodefensa ante el avance policial.
“Los buenos son los de azul y los hijos de puta que andan con trapos en la cara y rompen autos, queman autos y amenazan a toda la gente porque no quieren perder sus curros son malos”. Javier Milei.
Una periodista le pide un recibo de sueldo a alguien que cree que es un “infiltrado”, ya sea por su vestimenta, por su cara o color de piel. Gritos y acusaciones varias se escuchan en cada momento de tensión; el golpe de una valla parece ser suficiente excusa para acusar a alguien de ser un provocador. Este fenómeno no es nuevo, comenzó con las movilizaciones por Santiago Maldonado y se recrudece durante el gobierno de Milei. Durante la protesta por la aprobación de la Ley Bases se hicieron acusaciones, se marcaron y golpearon a compañeros. Parece que las fuerzas políticas opositoras buscan sobreactuar el ciudadano democrático para derrotar a las fuerzas libertarias.
Los sectores políticos que hoy tienen control sobre el Estado y quienes buscan posicionarse como la Oposición juegan de aliados en su batalla por la paz democrática a toda costa. Son cómplices en esta cacería. Botones todos a la hora de limitar a los diferentes actores en la lucha social para encauzar la protesta en la vía electoral.
El imaginario social es definido y predeterminado a cada instante por las herramientas de propaganda de los sectores políticos que buscan convencernos de que el único camino posible es la aceptación sin miramientos de esta realidad. Existe un férreo control sobre el discurso de lo posible.
El poder económico de turno no necesitó la implantación de una nueva dictadura militar para hacer el “ajuste más grande de la historia de la humanidad”. El actual gobierno no enfrenta ni siquiera una oposición que haga uso de la herramienta de la violencia en las calles. Pocos son los sectores organizados de trabajadores que pueden plantar cara a los bajos salarios, despidos y atropellos cotidianos. Quizás sea hora de abandonar la delación que fomenta este gobierno y aceptar que cuando la policía reprime alguien en algún lugar, va a dejar de correr y va a volver a imaginar.