Fuera de las batallas retóricas sobre la cultura que pretenden imponer las derechas del mundo, existen disposiciones penales que se adaptan a distintos terrenos para avanzar directamente contra las expresiones más genuinas del disenso. La palabra terrorista se ha convertido en un comodín estatal para atacar aquellos movimientos que cuestionan el orden establecido. Movimientos que no esperan los tiempos de la política para “expresar su voluntad”, sino que actúan de manera frontal contra la realidad impuesta.
En una estrategia que no es novedosa, pero hoy vuelve a repetirse, algunos gobiernos estiran al límite la definición de “terrorismo” para incluir la acción directa, la radicalidad de las protestas y las resistencias territoriales.
La solidaridad como crimen
Uno de los ejemplos más burdos de esta estrategia es la designación del grupo de acción directa Palestine Action como “terrorista” en el Reino Unido. Un colectivo que realiza sabotajes contra la industria armamentística británica por su complicidad con Israel. Fue proscripto como organización terrorista en julio de este año acusándolo de daños a la propiedad de fábricas de armas, como rociar pintura roja sobre aviones militares en una base de la Royal Air Force. Aprovechando la definición amplia del terrorismo en la legislación inglesa (que incluye daños graves a la propiedad), el gobierno incorporó a Palestine Action al listado del Terrorism Act 2000. Según esta normativa, expresar apoyo al grupo o participar en protestas a su favor es un delito, con penas que pueden llegar a los 14 años de prisión. La policía británica ya arrestó a miles de personas por mostrar solidaridad con esta organización, principalmente en protestas pacíficas, deteniendo a personas en sillas de ruedas, personas ciegas y ancianos que buscaban mostrar lo absurdo del caso sosteniendo carteles con consignas en apoyo al grupo.
Denuncian como terrorista a quienes rompen un vidrio en una fábrica de drones, mientras que la venta de armas que masacran poblaciones enteras es simplemente otra transacción como cualquier otra dentro del capitalismo. La etiqueta no solo sirve para detener a quienes lleven adelante las acciones, sino sobre todo para, sin una pizca de ironía, aterrorizar a quienes quieren pasar a la acción. De esta forma se normaliza la represión del discurso, instaurando pequeños estados de excepción que se vuelven permanentes.
La tierra de la libertad
“No creo que necesariamente pidamos una declaración de guerra. Creo que solo vamos a matar a las personas que traen drogas a nuestro país. ¿De acuerdo? Los vamos a matar. Van a estar, tipo, muertos.” Donald Trump.
“Antifa es tan sofisticado como el MS-13, como TDA [Tren de Aragua], como ISIS, como Hezbollah, o Hamas, como todos ellos.” Kristi Noem (Secretaria de Seguridad Nacional).
Algo similar pasa en Estados Unidos, donde Donald Trump agita el fantasma del antifascismo desde las protestas antirracistas de 2020. En su nuevo mandato, vuelve a asociar el término ANTIFA con el terrorismo. En EE. UU. no existe ningún mecanismo legal para declarar terrorista a un movimiento interno y descentralizado, pero eso no impide que el gobierno insista en etiquetar a los antifas como tal para enviar un mensaje político. En un decreto firmado en septiembre, Trump afirmó que “Antifa es un grupo militarista y anarquista que explícitamente llama a derrocar al gobierno de los Estados Unidos, a las fuerzas de seguridad y a nuestro sistema de leyes”. Poco después, el Departamento de Justicia utilizó esta misma lógica en una acusación contra un grupo detenido por el ataque a un centro de detención de migrantes. Allí definieron lo que para ellos constituye una “célula Antifa”:
Antifa es una organización militante compuesta por redes de individuos y pequeños grupos que se adhieren principalmente a una ideología anarquista revolucionaria o marxista autónoma, la cual llama explícitamente al derrocamiento del Gobierno de los Estados Unidos, las autoridades policiales y el sistema legal. Los adherentes de Antifa han promovido la insurrección y defendido el uso de la violencia para influir en las políticas y conductas del gobierno estadounidense mediante la intimidación y la coerción.
Trump también firmó una directiva de seguridad nacional que identifica opiniones “anti-cristianas” o “anti-capitalistas” como indicadores de violencia de extrema izquierda. La orden, conocida como NSPM-7, establece una estrategia para actuar contra cualquier individuo o grupo “que fomente la violencia política”, incluso antes de que exista un acto violento. Antes que exista un acto violento. Pre-crimen.
Entre los indicadores que enumera la directiva también aparecen el “extremismo sobre migración”, el “extremismo sobre la raza” y el “extremismo sobre el género”.
La amenaza mapuche
En el plano local no estamos mucho mejor, la misma estrategia se replica. A comienzos de 2025, el gobierno declaró como grupo terrorista a la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM). La resolución 210/2025 del Ministerio de Seguridad de Patricia Bullrich Luro Pueyrredón incorporó a la RAM al registro oficial de entidades terroristas (RePET). El informe oficial la define como “un movimiento etno-nacionalista violento” que opera hace más de quince años, que comete delitos contra la propiedad y el orden público y que “promueve la lucha insurreccional contra el Estado argentino y la propiedad privada de la tierra”. La resolución incluso les adjudica los incendios forestales que arrasaron miles de hectáreas de bosque patagónico a comienzos de este año, calificándolos como una “catástrofe ecológica provocada” de forma intencional por la RAM. Así, los mapuche son presentados como un nuevo “enemigo interno” a combatir.
La búsqueda de acuñar el término “terrorista” no terminó con la RAM, sino que también incorporó a integrantes de la comunidad Lafken Winkul Mapu al Registro Público de Personas y Entidades Vinculadas a Actos de Terrorismo. En lo inmediato, esta inclusión provocó el cierre y cancelación de cuentas bancarias, bloqueo de billeteras virtuales y la imposibilidad de acceder a asignaciones universales para sus hijos.
El chivo expiatorio de esta campaña de criminalización fue Facundo Jones Huala, quien, luego de haber cumplido su pena en Chile, volvió a convertirse en el enemigo número uno de Patricia Bullrich. El gobierno lo acusa de haber incitado los incendios en la Patagonia, retorciendo unas declaraciones realizadas durante la presentación de un libro de poesías escrito en prisión. La reivindicación mencionada aludía al sabotaje incendiario contra infraestructuras del capitalismo.
Se entiende que de lo que se hablaba era que existen métodos de resistencia legítima contra las empresas y los terratenientes que saquean la tierra. Y que esos métodos incluyen el ataque y el sabotaje.
El gobierno, los medios de comunicación y las mayorías idiotas digitales buscaron demonizar la figura de Facundo. Una estrategia muy usada donde se personaliza una amenaza para luego extender la sospecha sobre todo un grupo. Bajo esta dinámica, la represión a comunidades originarias, los desalojos forzosos, persecuciones judiciales y espionaje encuentran justificación ante la opinión pública como parte de la “lucha contra el terrorismo”.
Al momento de escribir estas palabras, Facundo levantó una huelga de hambre de 13 días en el penal de máxima seguridad de Rawson, donde exigía su traslado al penal de Esquel para poder estar más cerca de su familia y seres queridos. En el mismo lugar se encuentra también Juan Pablo Colhuan, integrante de Lafken Winkul Mapu, detenido bajo la misma lógica de persecución.
La manipulación del lenguaje no se hace con un fin estilístico para mejorar el engagement en las redes sociales. La elección de unas palabras por sobre otras tiene una finalidad política que busca reflejarse en disposiciones y normativas penales. Cuando el Estado llama “terrorista” a Palestine Action lo que protege es la industria armamentística británica e israelí. Cuando ataca a “Antifa”, lo que busca es desactivar la resistencia callejera y dejar el camino libre para el avance de las extremas derechas y el supremacismo blanco en EE. UU. Tildar de terrorista a los mapuche protege los negocios de la tierra y los recursos naturales en la Patagonia, alineándose con los intereses de latifundistas y empresas mineras. Alineándose, en última medida, con las directrices del gobierno norteamericano para este país. Ninguno de estos movimientos tiene la capacidad, ni la intención, de aterrorizar a la población. Esa capacidad sigue siendo monopolio del Estado.
Los Estados que persiguen a estos grupos ejercen violencias infinitamente mayores. Las armas que produce el Reino Unido se usan para masacrar personas y sembrar un terror concreto, real, en la población de Gaza. En Estados Unidos, la policía, el FBI y el ICE llevan adelante campañas, literalmente, de terror contra comunidades negras, latinas o migrantes. En Argentina, un Estado nacido del exterminio indígena define a quién es terrorista por quemar una maquinaria o cortar una ruta. La violencia estatal siempre se presenta como el “orden” y la “seguridad”.
El terror anarquista
“Los anarquistas, marxistas y extremistas violentos de Antifa han llevado a cabo una campaña de terror en Estados Unidos y en todo el mundo occidental durante décadas, realizando atentados, golpizas, tiroteos y disturbios al servicio de su agenda extrema.” Tommy Pigot (portavoz principal adjunto del Departamento de Estado).
“Grupos anarquistas amenazan con venir a pegarle a la policía. Son violentos con antecedentes de atentados y terrorismo que vienen con esa consigna.” Patricia Bullrich (Ministra de Seguridad Nacional).
Desde que asumió este gobierno, que intenta normalizar la idea de la persecución a terroristas, Bullrich detuvo personas a partir de especulaciones que luego se probaron falsas. Repitió la misma maniobra al hablar de la amenaza del “narcoterrorismo”, y vuelve a hacerlo con la persecución a los mapuche. Este accionar se profundiza con la creación de la CNA (Centro Nacional Antiterrorista) el pasado mes de octubre, una organización dentro de la órbita de la SIDE que busca la “coordinación entre organismos del Estado para prevenir y responder ante el terrorismo”.
En el Plan de Inteligencia Nacional 2025 que fija, entre otras cosas, los lineamientos de inteligencia de la SIDE en materia de terrorismo, se define como terroristas a aquellos “actores cuyo propósito manifiesto sea promover la ausencia de autoridad estatal como modelo de sociedad organizada”. Es hasta cómico lo ajustada que es la definición de terrorista para apuntar contra el anarquismo. Pero no es necesario hacer conjeturas o análisis ideológicos. El texto también exige reunir información sobre los “cambios en la dinámica de comportamiento de los principales grupos anarquistas a nivel global, con impacto en el escenario regional y nacional”, así como sobre los “espacios geográficos […] posibles de ser utilizados para el desarrollo de actividades de formación y capacitación de técnicas anarquistas”.
Además, ordena registrar manifestaciones en la vía pública, la presencia y actividades de “actores vinculados a estructuras y/o redes anarquistas de proyección internacional”, la “asistencia operativa de grupos y/o redes autóctonas declaradas anarquistas y otras organizaciones similares” y las “actividades lícitas o ilícitas utilizadas para la obtención de flujo de fondos que sustenten las actividades anarquistas”. Etcétera.
No es una novedad que Patricia Bullrich tiene una clara aversión por los mapuche y por el anarquismo. Probablemente esto tenga que ver con cómo quedó atravesado su cargo durante el gobierno de Macri por la muerte de Santiago, por la lucha mapuche y por la conflictividad callejera. Es importante entender que la persecución al movimiento anarquista no se relaciona tanto con su capacidad actual, sino con su potencial. Cuando este gobierno lo considere necesario, vamos a ver más menciones al anarquismo y una persecución que puede derivar en acusaciones de asociación ilícita, de terrorismo y toda la jerga judicial que siempre tienen a mano para, por un lado, encarcelar a quienes molestan y, por el otro, desviar la atención y desradicalizar las luchas.
Este clima se potencia con el acercamiento entre el gobierno de Milei y la administración de Trump, que no sólo facilita un alineamiento político directo, sino también la importación de sus marcos conceptuales y de seguridad. No es casual que, en ese mismo contexto, el Departamento de Estado haya designado como Terroristas Globales Especialmente Designados a varios grupos anarquistas: la FAI/FRI (Federación Anarquista Informal/Frente Revolucionario Internacionalista), presentada como una organización con base en Italia y presencia auto-proclamada en Europa, Sudamérica y Asia; Armed Proletarian Justice, grupo anarquista y anticapitalista griego; y Revolutionary Class Self-Defense, otra organización anarquista de Grecia que reivindicó acciones contra organismos estatales y empresas.
Esa narrativa exportable, que construye la idea de un “anarquismo terrorista” global, le ofrece al gobierno local un repertorio listo para aplicar sobre cualquier expresión antagonista, aun sin vínculos reales con esos grupos.
Con esto no buscamos quejarnos de las políticas que llevan adelante los Estados. El trabajo de cualquier Estado es encontrar las maneras de derrotar todo intento de rebelión con el objetivo de proteger el flujo de capital. Es así que usan las herramientas que tengan a mano, de la misma forma que hace cualquier persona que abandona la ilusión democrática de esperar a que algo cambie.
La política del terror
Muhammad Al-Jawlani, nombre de guerra de Ahmed al-Sharaa, fue durante años un miembro destacado de Al Qaeda. Hace tan solo un año, el Departamento de Justicia de Estados Unidos ofrecía una recompensa de 10 millones de dólares por su captura. Tras pasar por Al-Qaeda en Irak, fundó en 2012 el grupo yihadista Jabhat al-Nusra, que luego se transformó en Hayat Tahrir al-Sham (HTS). Bajo su conducción, HTS terminó siendo la fuerza militar decisiva en la caída del régimen de Bashar al-Assad en diciembre de 2024. Al-Sharaa fue nombrado presidente interino de Siria en enero de 2025.
En noviembre de este año, Trump (que lo describió como un “hombre muy atractivo” y un “luchador”) lo recibió en la Casa Blanca para, entre otras cosas, sumar a Siria a la coalición internacional contra ISIS. Para Trump, el objetivo es “ver a Siria convertirse en un país muy exitoso” y cree que “este líder puede lograrlo”.
Un caso más que muestra hasta qué punto el término “terrorista” es una categoría manejada según el Estado que la pronuncia. Su significado se ajusta a las necesidades del momento. Cualquier fuerza o idea que cuestione las bases del orden capitalista puede ser clasificada como terrorista si eso resulta útil.
Quienes parecen estar asustados, en realidad, son los Estados del mundo. Les asusta que en medio de las crisis económicas, climáticas y de representación, vuelva a surgir la posibilidad de organizarse por fuera del Estado. Tienen miedo de que algún día su poder quede obsoleto.
Hasta entonces, el Estado va a seguir siendo la administración del terror sobre la población como forma de gobierno. La era de la zanahoria parece haberse terminado, lo que queda son los palos.