Los centros de exterminio de la democracia.

A veces, en los sectores politizados de la población, se establece un discurso sobre la represión que parecería solo estar organizado alrededor de la represión a la protesta o la persecución por motivos políticos. La represión llevada adelante por el Estado no es una anomalía, sino una continuidad histórica necesaria para su existencia. El monopolio y uso de la violencia es indispensable para el cumplimiento de la ley al castigar a quien no lo hace. La cárcel es la columna vertebral del Estado; la democracia no puede existir sin la tortura cotidiana a una parte de la población. El Capital requiere desigualdad, la desigualdad solo puede sostenerse con la cárcel y el miedo.

Dentro del discurso aleccionador al que nos tiene acostumbrados Patricia Bullrich se suma ahora el patetismo libertario de entender la “mano dura” como solución a sus problemas. La batalla cultural propuesta por el libertarianismo parece ser un Estado omnipotente donde el “que las hace las paga”. Topos dentro del Estado que lo único que buscan es fortalecer sus facetas más brutales, fortalecerlo porque el Capital, la democracia y el Estado liberal se tambalean.

En el último tiempo se han instrumentado cambios y leyes que permiten un mayor control represivo por parte del Estado. La que va a tener mayor impacto en el corto plazo es la implementación de la “reiterancia”. El poder legislativo aprobó el proyecto de reiterancia en febrero de este año, diferentes cuerpos legislativos en las provincias ya habían avanzado también en establecer la misma figura en sus códigos provinciales, también la Ciudad Autónoma de Bs. As. lo había hecho el año pasado.

La figura de reiterancia implica que los jueces tienen que tener en cuenta, a la hora de determinar la prisión preventiva, si a quien se acusa de un delito tiene otra causa penal en trámite. Es decir, que la persona es apresada por el solo hecho de haber sido acusada de algo antes; no es necesario que exista una condena. No es necesario que exista culpabilidad. Se es culpable hasta que se demuestre lo contrario.

En la teoría legal, especial atención en la palabra teoría, siempre se presume la inocencia. La prisión preventiva se debería dictar en el caso de que exista riesgo de fuga o que la persona libre podría entorpecer la investigación. Con la nueva figura de “reiterancia”, la prisión preventiva se puede dictaminar si quien es acusado tiene otra causa en curso. Esta medida sirve, por un lado, para mostrar de cara a una sociedad que quiere penas más duras y que se termine la “puerta giratoria”, pero también para el amedrentamiento a la protesta social, ya que con tener una causa abierta, el hecho de ir a una movilización donde se podría ser arrestado implica la prisión preventiva en un penal. Situación que puede durar hasta dos años sin que se concrete un juicio. La prisión preventiva es usada así como el castigo, no como la pena a cumplir. 

Decimos que esta es una de las medidas represivas que podría tener más impacto durante el gobierno de Milei, ya que el número de personas encarceladas podría crecer rápidamente. Hoy, el 42% de las personas encarceladas dentro del SPF (Sistema Penitenciario Federal) no tiene condena. Este número va a subir rápidamente en cuanto los jueces empiecen a hacer uso de esta herramienta.

Ante las críticas sobre cómo la aprobación del proyecto de reiterancia podría empeorar la situación carcelaria, el presidente del bloque oficialista (Juntos Somos Río Negro), Facundo López, sostuvo que “si no quieren estar incómodos en la cárcel, que no delinquen”. Esto no es otra cosa que la misma demagogia punitiva que viene promocionando el gobierno nacional.

Arquitectura carcelaria

“Todos los días tenemos amparos y yo llamo a la reflexión a los jueces y a los fiscales. ¿Qué hacemos? Tenemos una equis cantidad de plazas penitenciarias y estamos trabajando en todo el país con más detenciones. Es un problema la cárcel pero más problema es tener a los delincuentes afuera, yo les pido que se pongan de nuestro lado, del lado de los que estamos combatiendo el delito. Yo no tengo dudas: yo los prefiero adentro y no afuera de las cárceles.” Patricia Bullrich. Ministra de Seguridad.

En el año 2019 se declaró la emergencia penitenciaria; durante la pandemia se detuvo el crecimiento brevemente, con una salvedad: se comenzaron a usar comisarías y alcaldías para mantener a personas privadas de su libertad. Este proceso nunca se revirtió. La población carcelaria sigue en aumento. La primera solución en diferentes provincias, y particularmente en CABA, fue implementar la idea que Sergio Berni quiso llevar adelante en 2020 de usar contenedores para alojar a los presos. A su vez, el gobierno de CABA busca terminar con la construcción de un penal propio, pero en suelo de la provincia de Buenos Aires, más precisamente en Marcos Paz. Un proyecto que estaría finalizado el año próximo y que originalmente tenía como objetivo trasladar a los presos del penal de Devoto, pero que actualmente busca simplemente descomprimir las comisarías. 

En la provincia de Buenos Aires se implementó un Plan de Infraestructura Penitenciaria en los últimos años que amplió, significativamente, la capacidad carcelaria. En septiembre de 2023 se inauguró el Complejo Penitenciario de Merlo, que incorporó 2300 nuevas plazas en dos unidades. Se hicieron ampliaciones y se construyeron nuevas alcaidías. De todas formas, la sobrepoblación, las condiciones de hacinamiento, las torturas y malos tratos continúan su curso.

En Neuquén, los diputados oficialistas le piden a los presos que “aguanten un poco más”, esto es hasta que se termine la construcción de nuevas cárceles en los próximos años. El ministro de Seguridad de esa provincia, Matías Nicolini, prometió que el ritmo de construcción “aumentará 1.576%” y la capacidad se incrementará un “83,8%”. Estos dichos refieren no solo a la sobrepoblación en los penales, sino a la cantidad de personas apresadas en comisarías. El Comité Contra la Tortura de Neuquén sostiene que “las comisarías tienen espacios diseñados para estadías transitorias no superiores a las 72 horas”. En 2022, la media de Neuquén era de 205 días.

Una situación similar se da en el Chaco, que ante el aumento de los encarcelamientos en los penales, sumado a la enorme cantidad de presos en las comisarías, se inauguró, a principios de este año, un nuevo pabellón en el Complejo Penitenciario II. Al mismo tiempo, se refaccionaron otros para aumentar su capacidad. También sumaron 220 efectivos al Servicio Penitenciario Provincial. Pocos meses atrás, respondiendo a un habeas corpus presentado por el Comité para la Prevención de la Tortura del Chaco, un juez había dispuesto la clausura de un módulo de este mismo complejo, ya que los presos permanecían recluidos las 24 horas del día, sin luz natural, en condiciones de absoluto hacinamiento. El juez Rodolfo Lineras concluyó “sin exagerar, que (los detenidos) se encuentran en una situación peor que si estuvieran encerrados en una ‘perrera municipal’, lo que configura un tratamiento carcelario cruel, inhumano y degradante, en patente incumplimiento de los estándares constitucionales y convencionales en materia de derechos humanos”.

Por su parte, Santiago del Estero inauguró en marzo del año pasado la nueva Cárcel de Máxima Seguridad en Los Telares, con el objetivo de trasladar presos de “alto perfil” desde la Unidad Penitenciaria de Santiago Capital. 

Santa Fe viene avanzando muy rápidamente con la construcción y refacción para permitirle duplicar la capacidad carcelaria. Están llevando adelante un plan para construir en “4 años la misma cantidad de celdas que se hicieron en 100 años en la provincia”, según el gobernador Maximiliano Pullaro. Uno de estos proyectos, que esperan tener terminado el año próximo, es una cárcel para presos de “alto perfil” llamada El Infierno, donde uno de los objetivos es reducir al mínimo el contacto con el exterior.

También en Santa Fe se inauguró a fines del año pasado la Cárcel Federal de Coronda. La inauguración fue una puesta en escena de la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, trasladando a presos del penal de Marcos Paz, en Buenos Aires, para poder publicitar un video de TikTok donde se la ve a ella misma encerrando en una celda a una persona. Muchos de estos presos fueron trasladados luego a otros penales. Unos meses más tarde, esta cárcel se puso en funcionamiento.

De esta forma, Santa Fe vive su momento de estupidez punitiva con el fanatismo por las políticas de El Salvador. Los videos, fotos y operativos publicitarios donde intentan mostrar a los presos en estados de indefensión son parte de copiar los métodos de Bukele. El ministro de Seguridad de Santa Fe ha dicho que se terminó el tiempo en que funcionarios del Servicio Penitenciario “eran apercibidos si molestaban a los presos” y que las personas que están en prisión en esa provincia “cada vez la van a pasar peor”.

A pesar de ser Santa Fe una provincia donde el discurso de la mano dura y la emergencia narco están tan presentes, donde invierten cientos de millones de dólares para la construcción de nuevas cárceles, es Córdoba la provincia con la mayor cantidad de presos per cápita. Santa Fe tiene una tasa de 280 presos cada 100.000 habitantes. La media nacional es de 235, Córdoba tiene 335 personas presas cada 100.000 habitantes. Esta provincia que siempre busca ser pionera en materia represiva, está llevando adelante la construcción del Complejo de Máxima Seguridad (CEMAX), que contaría con tecnología avanzada de vigilancia, sensores de movimiento, cámaras de vigilancia con detección de movimiento, inhibidores de señal, e incluso proponen la relocalización de antenas de comunicación de telefonía móvil para asegurar que los presos no puedan comunicarse fuera de los parámetros establecidos. El gobernador Martín Llaryora dice que su compromiso es que “el miedo lo tengan los delincuentes y no la gente”, y plantea que son necesarias más estructuras carcelarias por “la situación nacional de aumento de la pobreza y deterioro de la clase media”. En este sentido, plantean que los detenidos no podrán recibir alimentos ni provisiones externas. Las visitas serán cada quince días y con supervisión directa, y de la misma forma que se estableció para “internos de alto perfil” en el SPF con la norma 843, los presos deberán usar uniforme.

“No existen más datos en relación a las formas restrictivas que adoptaría este centro; sin embargo, entendemos que podría asemejarse al Régimen FIES (Ficheros de Internos de Especial Seguimiento), el cual implica aislamiento total diario sin contacto, ni siquiera entre presos, e imposibilidad de acceder al área de educación y de trabajo. Es decir, el encierro dentro del encierro, la cárcel dentro de la cárcel. En la provincia de Córdoba no está reconocido dicho régimen, pero sabemos que en el pabellón E3 de Máxima Seguridad de la cárcel de Cruz del Eje sí se aplica.” Solidaridad anticarcelaria y Movimiento Anticarcelario de Córdoba.

Finalmente, para terminar con este paneo de la arquitectura carcelaria que se está desarrollando en el país, está el caso de Mendoza, donde se sigue desarrollando uno de los “complejos carcelarios más grandes y modernos de Latinoamérica”. En el que se inauguró, a fines de 2023, el sector de máxima seguridad. De igual forma que en Córdoba, el mismo cuenta con cámaras de videovigilancia, sensores perimetrales externos, sistemas de identificación biométrica, escáneres, etc.

La particularidad de Mendoza, quizás, es también el plan para que diversas empresas privadas se instalen dentro de los complejos penitenciarios. Hace pocos días, una de estas empresas, Suavipack, inauguró, dentro del Complejo Almafuerte I, la “primer fábrica industrial dentro de una cárcel en Argentina”. El jefe de área de producción de esta fábrica, que produce papel higiénico y servilletas, opina sobre la comunión entre la empresa y el Estado de la siguiente forma: “nosotros aportamos desde el capital […], por parte del Servicio Penitenciario nos aportan, aparte del personal de guardia, de las custodias, todas las posibilidades que ellos nos permiten y el espacio físico que nos parece fundamental para que esto pueda ser posible”. Esta no es la única empresa que busca mover sus operaciones hacia dentro del complejo y no meramente usando como trabajadores a quienes están en prisión. Xinca S. A., productora de zapatillas, busca establecer una “nueva actividad textil” dentro del Complejo Almafuerte II.

Este tipo de proyectos van en línea con el populismo que viene llevando adelante el gobierno con el tema de las cárceles. El trabajo es visto como un elemento aleccionador, incluso proponiendo que no sea remunerado. Hablar de trabajo y cárceles es un tema más complejo de lo que podría abarcarse aquí. La realidad es que las tareas de limpieza y mantenimiento no son nuevas, que el trabajo en las cárceles alcanza a un gran porcentaje. La paga es mala, pero muchas veces necesaria para poder mandar alguna parte a las familias o tener a la hora de salir de prisión. El discurso del gobierno es, como siempre, mentiroso y tiene como única intención polarizar o generar odio hacia un grupo en particular. En este caso, hacia las personas secuestradas por el Estado.

Cárceles privadas

“Podés tener cárceles privadas donde los presos paguen sus condenas con su estadía laburando.” Javier Milei.

La actual ministra de seguridad plantea que no van a “aceptar que el salario de una persona que sí trabaja en las cárceles sea igual o mayor al de aquella persona que ha hecho las cosas bien”. Es decir, que las empresas que monten sus estructuras, sin el pago de un alquiler, dentro de las cárceles no solo podrían pagar sueldos menores a las empresas que lo hacen afuera, sino también tendrían al servicio penitenciario controlando a los “trabajadores”. 

A este tipo de proyectos también hay que entenderlos en el contexto de un gobierno que busca desarrollar cárceles de gestión privada. Existe una idea de que cada vez van a hacer falta más prisiones. Más castigo. Esta necesidad punitiva no es fortuita. A pesar de lo que parece creer el cortoplacismo izquierdista, cuando las condiciones materiales se degradan no se produce una revuelta social; lo que se produce es la violencia intrafamiliar, la adicción, la delincuencia. Hace falta la organización para la revuelta, no la gran organización obrera, sino la habilidad de reunirse a compartir problemáticas similares, las redes de apoyo mutuo y la solidaridad. No puede existir una sociedad saludable mientras su continuidad esté sostenida por el sufrimiento. Las cárceles no son otra cosa que centros de exterminio, es la tortura cotidiana a gran escala a la que buscan acostumbrarnos.