A los problemas históricos y cotidianos de siempre en esta región, como inflación, e inseguridad, debemos sumarle los de coyuntura nacional e internacional, que, además, pueden ser auto infligidos o forzados, por inoperancia o voluntad inentendible (al menos para nosotros). Desde alinearse incondicionalmente con Estados Unidos e Israel en todo lo que se propongan, a abrirle (también incondicionalmente parece) las fronteras a las manufacturas chinas o indias, o de donde vengan, el gobierno argentino, se muestra decidido a destruir todo lo que toca en nombre de la superioridad moral, estética, la libertad, occidente, el judaísmo, Conan, Karina y el 3%. Menos laburo, aumento en la mortalidad infantil, sífilis, morosidad en todo lo que implica un pago, reforma laboral; todo encaminado hacia un coctel explosivo que solo se sostiene con la multiplicación de planes sociales (ah no, ahora no se llaman más planes, eso es de kukas) hacia el infinito y gorra…mucha gorra. 

Ah, también arrancó una guerra, (otra digamos, sumada a la de Rusia-Ucrania que no termina más, las guerras civiles en Sudán, República Democrática del Congo, Myanmar, insurgencias yihadistas en Mali, Burkina Faso y Níger, Nigeria contra Boko Haram, Afganistán y Pakistán, y el bardo previo en medio oriente), que amenaza con mandar todo a la mierda, como siempre, en nombre de la superioridad moral, estética, la libertad…

“Se ha sancionado una ordenanza por la cual se establece un salario mínimo de $100 mensuales, o $4 diarios, para los obreros mayores de 17 años de ambos sexos de la Municipalidad. De los 24 concejales presentes sólo se opuso uno, el Dr. Leopoldo Duprat, que expuso para demostrar que un hombre puede vivir con $60 y hasta menos. Consideró que ese aumento es inmoral y disolvente, porque de golpe y porrazo lleva a la abundancia y a la concupiscencia del excesivo bienestar a hombres acostumbrados a la sobriedad y a la estrechez de un sistema de vida desarrollado dentro del límite de sueldos de $45 y $60. Expuso que los aprendices no deben ganar, deben pagar.

Reafirmó con un ejemplo: desde 1910, los carreros municipales y los recolectores de papeles ganan $60 y no se han muerto de hambre; ergo pueden vivir. (…) ¿Por qué no ha de ser feliz el obrero municipal con su vida de $48 mensuales? Al fin y al cabo, es vida…” E.S. Zeballos, La Razón, del 18 de enero de 1919

“Si yo limito la jornada laboral, usted tiene que trabajar menos, ¿para qué? O sea ¿está mal trabajar? ¿estamos en contra del trabajo? ¿Para qué? Para ir afuera ¿a hacer qué?” Julio Cordero, representante de la UIA, septiembre 2023

“Los jóvenes ya no se quieren ir de vacaciones 35 días.” Julio Cordero, Secretario de Trabajo, febrero 2026

Quizás el tema más importante y urticante de este comienzo de año, es la reforma laboral aprobada en sesiones parlamentarias extraordinarias a pedido del ejecutivo nacional, porque la baja en la imputabilidad de menores, realmente ya no le importa a casi nadie gracias a la propaganda en los medios masivos. 

Y es importante porque parece que en ella se discute más el concepto, la definición de trabajo que lo que se pretende a viva voz. Por un lado, venden que con ella se modernizan las relaciones laborales, lo que implicaría un aumento en la creación de puestos de trabajo ’en blanco’ pero por otro, se ve claramente que lo que promueve directamente es la evasión de pagos de cargas sociales sin ninguna consecuencia, la explotación a ultranza y la facilidad para despedir a un laburante sin más que la voluntad del patrón. 

Voluntad que, por otro lado, es promovida como absoluta, única fuente de decisiones en la relación, sumiendo al trabajador en un estadío cada vez más cercano al de la servidumbre, donde la disposición full time es la norma junto a la pauperización salarial…se ve que el camino es resignarse hasta ‘agradecer al amo’ el dejarnos hacer su trabajo y hasta quizás, comer. ¿Exageramos?

Una de las discusiones que se dieron en torno a la norma es el famoso banco de horas: supone que el trabajador debe cumplir cierta cantidad de horas por semana, mes o incluso por trimestre, distribuidas de la manera que se organice el trabajo ¿y quién organiza el trabajo? Luego de esa cantidad de horas, podría recién aparecer la famosa hora extra que, desde hace ya un tiempo, resulta indispensable en muchos laburos para completar un salario que más o menos alcance. Pero ¿por qué se dice que desaparecen las horas extras? En muchos trabajos, la intensidad del mismo depende de diferentes factores como la entrada de insumos o el mismo proceso de producción, lo que hace que en determinados momentos sea más necesaria la mano de obra que en otros. Esto es lo que puede hacer que, a solicitud del patrón, por uno de estos momentos de intensidad, se deba quedar hasta completar un máximo de 12 horas para luego ser compensadas con descanso en otro momento de menor intensidad. Se plantea que debe ser de mutuo acuerdo, pero en una situación de desempleo creciente ¿quién se negaría? ¿Se puede tomar un acuerdo en una relación tan asimétrica? Se parece más a obediencia. El trompa chocho. 

La ley plantea que el banco de horas debe ser regulado por el Convenio Colectivo de Trabajo (CCT) y negociado por las empresas y los sindicatos, lo que claramente no es un buen augurio, y no porque consideremos posible la traición de la CGT (que no es tal como planteamos en este número), sino porque entendemos que, muchas veces tienen los intereses alineados entre sí, más que con los laburantes. 

A esto se suma que la negociación puede ser por fábrica y no necesariamente por rama industrial. Esto tiene dos aristas principales: por un lado, expone a los trabajadores de una fábrica a negociar solos con la patronal, lo que hace más asimétrica la relación empleador-empleado en pos del jefe, sobre todo en empresas chicas; por otro lado, esto abre la posibilidad de que, en una misma rama, haya distintas expresiones sindicales en las diferentes fábricas, rompiendo el unicato sindical tradicional. Es una posibilidad de crecimiento de expresiones distintas y hasta contrarias a la CGT, pero tiene pinta que el primer punto va a pesar más.

También se plantea el fin de la ultractividad, es decir, si el CCT se vence, se cae…en criollo: la Ley de Contratos de Trabajo propone un piso de regulación en la actividad laboral, pero en los CCT, pueden lograrse beneficios extras para los trabajadores en la negociación con la patronal como adicionales por antigüedad superiores al mínimo, licencias extendidas, bonos específicos o refrigerios; si no hay acuerdo en la renovación, este se vence, chau beneficios. Más felicidad patronal.

A estas medidas, se suman otras que condimentan aún más el banquete empresarial como el fraccionamiento de las vacaciones (acordado con el empleado, obvio), el retiro del aguinaldo y bonos, y ajuste por IPC más 3% anual en las indemnizaciones por despido (o sea digamos, va a ser más barato despedirte), además de la creación del Fondo de Asistencia Laboral, FAL (¡que nombrecito pegaron eh!) que tiene por finalidad cubrir las indemnizaciones por despido sin justa causa. ¿Y de dónde sale la guita? ¿cómo se financia el FAL? Se realiza una contribución mensual que realiza el empleador sobre el salario bruto de cada trabajador, pero no de ‘su’ bolsillo, sino que, la ley permite que los patrones descuenten este mismo monto de sus contribuciones a la Seguridad Social (ANSES). Es decir, se desvían fondos que antes iban al sistema jubilatorio hacia este fondo, lo que implica comprarse un lio mañana con las jubilaciones. Ah, la indemnización también se puede pagar en cuotas. ¡Gol!

Cada vez más cerca de terminar con la industria del juicio laboral.

Cada vez más cerca de terminar con los bloqueos sindicales que paralizan la producción.

Cada vez más cerca de que más trabajadores salgan de la informalidad.

Cada vez más cerca de que la ley proteja al que quiere trabajar.

Cada vez más cerca de que ningún argentino quede de rehén cuando se trata de un servicio esencial.

Cada vez más cerca de reglas claras para invertir y contratar.

Cada vez más cerca de HACER GRANDE A LA ARGENTINA OTRA VEZ

D. Santilli, en algún cargo seguro que está.

Uno de los principales argumentos que siempre esbozan las patronales y los liberales, es que si no hay más trabajo es porque es difícil despedir, y repiten como loros dos cosas: que EEUU se hizo grande con la frase ‘Está despedido’ (ni idea, pero seguro imaginamos una realidad un poquito más compleja que solo una frase) y que la industria del juicio no solo no permite crecer a las PyMEs, sino que muchas veces hasta las obligan a cerrar por el monto de un despido. También, que los grandes empresarios no toman más trabajadores porque les generan más problemas que ganancias. Todo esto es falso; pero ojo, no quiere decir que no exista un caso donde por un juicio, un negocio chico tuvo que cerrar (habría que ver porqué), lo que no existe es una industria de esto, ni tampoco que no se crean empleos por este motivo.

La creación de empleos depende principalmente de la actividad económica, cosa que en esta región quedó claramente demostrado durante los años de mayor crecimiento de empleo formal privado, según el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), entre el 2003 y el 2015, cuando estaba vigente la famosa doble indemnización (desde enero del 2002 hasta el 2022). Quiere decir que los empresarios contrataban igual porque ganaban como nunca, no porque estuvieran alineados con el gobierno o porque fuera fácil despedir sin causa: salía el doble. Ahora, en este momento, donde empresas grandes cierran sus puertas todos los días por la caída de las ventas, se ve con más claridad, que por más barato que resulte deshacerse de un trabajador, si no hay a quien vender lo producido, no tiene sentido contratar, además de lo difícil de competir con las importaciones que tienen subsidios de sus estados como las chinas. En palabras del presidente de la UIA, Martín Rappallini: “Estamos más preocupados por la actividad, porque en algunos casos hay una caída importante”.

Por otro lado, no hay más datos que justifiquen a esa industria del juicio que los que inventa el periodista, funcionario o empresario que los esgrime. Según un documento institucional del Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal (CPACF) “Una revisión objetiva de las estadísticas oficiales de la Justicia Nacional del Trabajo demuestra que la idea de la existencia de una “industria del juicio” masiva y abusiva carece de todo sustento empírico.” Y sigue “Entre 2014 y 2023, se dictaron en la Justicia Nacional del Trabajo –que concentra el mayor volumen de causas laborales del país, con competencia territorial limitada al ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y parte del Gran Buenos Aires– unas 257.000 sentencias definitivas, lo que equivale a unas 25.700 por año. Si se compara este número con la población ocupada en el Área Metropolitana de Buenos Aires (CABA y conurbano), estimada en alrededor de 5 millones de personas, se advierte que la cantidad de sentencias representa apenas el 0,5% anual de dicha fuerza laboral”. Luego explican cómo no aumenta de manera exponencial año a año como escuchamos en los medios y que la gran mayoría de los conflictos laborales no llegan a juicio. A su vez, cabe aclarar, que la mayor parte de la litigiosidad laboral por accidentes laborales o enfermedades profesionales se efectúan contra las Aseguradoras de Riesgos de Trabajo (ART) y no contra los empleadores. Y un detalle más a este respecto. Se sabe de la informalidad laboral en Argentina, que se estima cerca de un 40% ¿qué juicio puede hacer alguien que de movida le resulta difícil demostrar la relación laboral? 

Lo que no se dice mucho en los medios tampoco son las causas de los juicios: falta de aportes (después de muchos años en una empresa resulta que nunca se aportó a la ANSES, por ejemplo), maltrato, despidos injustificados, además de accidentes y enfermedades. Los incumplimientos de las patronales están a la orden del día, pero con toda esta propaganda, se trata de invertir la carga de la prueba, y pasar la responsabilidad al laburante. Y funciona.

“Si ustedes tiran piedras, van a recibir la fuerza de las fuerzas federales”. P. Bullrich, Senadora por LLA ahora.

Pero quizás el aspecto social más importante que trae esta reforma debajo del brazo, es la restricción del derecho a huelga. Y esta restricción la llevan adelante nombrando a la mayoría de los trabajos como servicios esenciales o servicios trascendentales, lo que implica en el primer caso, garantizar el 75% de operación y en el segundo el 50%, es decir, el paro no tendría ninguna fuerza efectiva. Y esta parte es la realmente importante: derecho a huelga les encanta decir a quienes necesitan de la venia de una regulación estatal para sentir que lo que hacen es correcto; para nosotros la huelga es una herramienta que poseemos los laburantes para frenar los atropellos patronales o exigir condiciones o mayor remuneración llevando la asimetría a un término un poco más parejo a la hora de sentarse a charlar y cuando se puede, más allá; por otro la lado, la huelga es una necesidad, una obligación para cualquiera que no desee ser pisoteado, vilipendiado, explotado, oprimido y entienda que la única salida es desde abajo y colectiva…pero si se sigue necesitando de decirle derecho, por lo menos habría que entender que fue conquistado, fue arrancado a las clases dominantes por la fuerza, con hambre y sangre, y que si en este momento están tratando de restringir ese derecho, es porque ellos entienden que es por ahí…falta que lo entendamos nosotros. 

En estos dos años de gobierno liberal (solo en lo económico, claro está), se puso mucho énfasis en reprimir hasta eliminar la protesta social. Con el aval de la mayoría de la población, harta de cortes de calles (porque lo más importante para una sociedad es circular con el auto), Patricia Bullrich al mando del Ministerio de Seguridad, se encargó brutalmente de inundar las mismas con policías de todos los colores (que cortaban más que los manifestantes) preparados para repartir palizas a quien guste de pararse enfrente: jubilados, discapacitados y sus acompañantes, periodistas, doctores, trabajadores de cualquier rubro que salgan a manifestarse. La línea esgrimida desde nación siempre fue, básicamente, no se puede protestar; aunque repetían que lo que no se podía era cortar la calle, terminaban corriendo a la gente incluso de las veredas. Acto seguido a cualquier escaramuza, desde el gobierno a través de Bullrich primero y de su sucesora Alejandra Monteoliva después, se sale a bancar el accionar policial cualquiera que sea, envalentonándolos para la próxima jornada de palazos y gases. Y también funciona.

Tampoco es una exclusividad de la ciudad de Buenos Aires. En Mendoza, por ejemplo, ante las manifestaciones contra la reforma de la Ley de Glaciares, el gobernador Cornejo, no dudó un instante en salir a la cacería de manifestantes, obviamente con palos y gases. Hacerse los intransigentes e imponer el terror se ve, está de moda.

Pérdidas de ojos por balas de goma, disparos de gases lacrimógeno a la cabeza, palazos a mansalva, detenciones arbitrarias, causas por terrorismo, son parte del arsenal que utiliza el gobierno para ‘disuadir’ la protesta de lo que sea. Ya sea para mostrarse fuertes hacia adentro y que nadie se les anime, o para afuera, y mostrar que se tiene el control sobre la sociedad y que cualquiera que venga a invertir no va a tener problemas, los diferentes gobiernos demuestran que no pueden dar solución a las demandas sociales manteniendo a rajatabla los términos del capitalismo actual. Entonces se necesita miedo. Miedo al daño físico, a la cárcel, a la pérdida de la fuente de laburo por caer preso (es sabido que uno tiene que explicarle al patrón por qué no va a laburar) o por la coyuntura económica, miedo a no conseguir laburo, a no llegar a fin de mes, a no poder pagar el alquiler, y a tantas otras necesidades actuales, buscando que, ante el miedo, haya parálisis. 

El elefante en la habitación

Por su parte, el progresismo acusa de infiltrado a todo aquel que da un paso más allá, a aquel que no se banca la paliza diaria de la vida ni la policial, porque lo correcto, parece, es ser manso. Señalan que no son parte de la movilización, sino que son elementos extraños a la misma. Y se meten en un juego muy peligroso. 

Cuando alguien parece no cuadrar en lo esperable, se lo tacha de algo que pueda ser descartado, desechado, y se pide una solución a la democracia, a través del Estado. Una ley o alguna intervención que haga desaparecer la amenaza.

Este mismo argumento de elementos extraños a la clase trabajadora, se usaba para la deportación de ‘agitadores’ mientras estuvo en vigencia la Ley 4144 de Residencia (1902) y reforzada luego por la Ley 7029 de Defensa Social (1910) prohibiendo asociaciones anarquistas, limitando la libertad de prensa, y facilitando la expulsión de extranjeros sin juicio previo, básicamente, apuntando a la organización de los trabajadores. O sea, la democracia dando herramientas represivas a las fuerzas.

Para 1975, en democracia, se firmaban los cuatro decretos de aniquilamiento donde se entrega a las fuerzas armadas, poder suficiente para desplegarse en todo el territorio y llevar adelante acciones contra la subversión. El punto de partida fue el Operativo Independencia en la provincia de Tucumán. El saldo fue el de un entramado secreto de las fuerzas armadas que se preparaban para el golpe y un ensayo general para lo que vendría después, al año siguiente, donde la mayor parte de las muertes fueron en centros clandestinos de detención, por torturas y fusilamientos, no en combate. 

En ese contexto, se tomaron medidas muy parecidas en lo económico y laboral a las que se toman hoy en día; la diferencia, es muy parecida al síndrome de Estocolmo: hoy se los eligió.

Para 2007, con mucho poder político, es el kirchnerismo quien aprueba la ley Antiterrorista, que reza en el artículo 41 quinquies, que duplica las penas si el delito busca aterrorizar a la población u obligar a autoridades, cosa que adjudican hoy a cualquier manifestación y sobre todo a cualquier manifestante que agarran. Todo el que se queja es un posible terrorista.

Siempre que hay alguien insatisfecho, aparece otro para pedir que se lo meta en caja porque seguro algo habrá hecho, y luego, cuando se desata al monstruo siempre se piensa que no es para uno, hasta que toca. La democracia capitalista no perdona a nadie.

A 50 años del último golpe cívico militar, parece que el 24 de marzo es más un recordatorio de lo que nos puede pasar si levantamos la cabeza, pero, sobre todo, de lo que son capaces de hacer.