“Fuertes por el enorme poder que les da el tiempo, los manantiales que disuelven las piedras y oxidan los metales, consiguen también alguna vez hacer temblar los montes.” Élisée Reclus.
Hasta hace no tanto tiempo se hablaba bastante del “derroche” del agua. Se veían propagandas en televisión sobre cuánta agua podía desperdiciarse con una canilla que goteaba. O el agua que se gastaba al bañarse o lavarse los dientes. Se hablaba de un futuro donde el agua dulce iba a escasear, de cómo las guerras del futuro serían por el agua. Cómo Argentina podía llegar a ser invadida para conquistar sus reservas. Muchas historias de ciencia ficción se escribieron sobre este futuro desértico. No se hablaba de la agricultura intensiva, de la ganadería, de la minería o de la producción de biocombustibles. La responsabilidad de evitar estos futuros distópicos estaba en manos del “ciudadano”.
Hoy la conversación sobre el agua vuelve a estar presente. En parte, por cómo la inteligencia artificial requiere cantidades enormes de agua para enfriar sus data centers. De igual forma, cada plataforma, cada mensaje enviado a través de una aplicación, imagen o video que vemos en el espacio digital consume agua. De todas formas este agua no desaparece, simplemente se transforma. Lo que desaparece es la posibilidad de que algunas personas puedan acceder a ella.
Nuestra historia como especie probablemente tenga mucho que ver con cuidar el agua, con entender que no es algo disponible en muchos lugares del planeta. Es algo que requiere cuidado porque sin el agua no hay vida posible. El agua, la vida, hoy está bajo amenaza para aumentar las ganancias de las empresas extractivistas y toda la cadena de producción que las necesitan. Nuestra vida está en las manos del capital.
Sed de ganancias
Desde hace tiempo, Mendoza y el Noroeste Argentino atraviesan una megasequía y viven en estado de emergencia constante. Con un déficit de nieve entre el 30% y el 50% en las cuencas cordilleranas. En Mendoza, el agua llega de la montaña. Si no hay nieve ni agua en las altas cumbres, abajo cada vez va a haber menos agua. Todo el sistema hídrico entra en crisis.
El problema no es solo en Mendoza, en Patagonia las lluvias se concentran en periodos muy cortos, provocando inundaciones, pero sin infiltrarse en las napas, que son esenciales para la sustentabilidad del sistema hídrico.
A pesar de esta situación, la urgencia del gobierno y los grandes capitales es habilitar el avance extractivista a cualquier costo. La “reactivación económica” parece consistir en vender a bajo precio los recursos finitos que existen bajo la tierra. El agua pasa así a convertirse no en un recurso en sí mismo, sino en un “insumo” más. No es ni siquiera una mercancía. El agua no se vende, se regala como parte del combo de la explotación minera.
Mendoza tiene una trayectoria de lucha por el agua bastante extensa. La Ley 7722 se conquista tras años de resistencia popular frente al avance de las mineras y ante antecedentes de derrames tóxicos como el de Veladero, en San Juan, donde en 2015 Barrick reconoció primero una fuga de 224.000 litros de solución cianurada, luego corregida a más de un millón de litros. Esta ley, sancionada en 2007, prohíbe sustancias químicas como el cianuro, mercurio y ácido sulfúrico. Productos químicos usados en minería para separar metales de la roca. En el año 2019 se aprobó un proyecto para flexibilizar el uso de estas sustancias. Aprobado con los votos tanto del Frente de Todos como de Cambia Mendoza. Esto desató un conjunto de protestas en Mendoza que forzaron al gobernador a pasar un proyecto de ley para derogar la modificación.
En 2021, la Corte Suprema declaró inconstitucional la frase “y otras sustancias tóxicas similares” del artículo 1 de la Ley 7722. Con eso dejó un vacío legal que las mineras usan para incorporar reactivos no prohibidos de forma expresa, como xantatos y otros químicos utilizados en flotación, sin tocar formalmente el cianuro, el mercurio o el ácido sulfúrico. Un ejemplo de esta maniobra es la reciente aprobación del proyecto PSJ Cobre Mendocino, conocido como San Jorge, cuya Declaración de Impacto Ambiental fue aprobada por el Senado de Mendoza el 9 de diciembre de 2025. Proyecto aprobado por el oficialismo radical de Alfredo Cornejo (Cambia Mendoza/ UCR), con apoyo de sectores del PJ.
El desarrollo PSJ Cobre Mendocino en Uspallata pretende extraer 141 litros de agua por segundo del arroyo El Tigre durante su operación. No hay registros que garanticen que el arroyo pueda sostener ese flujo de manera constante durante todo el año. Se piensa extraer agua de forma masiva de una fuente que cada vez está más amenazada.
Bajo cero
No es solo un tema de los proyectos mineros ya aprobados. También está la necesidad de estas empresas de explotar más lugares o tener acceso a las reservas estratégicas de agua de montaña.
Los glaciares son una de las reservas de agua dulce más importantes, ya que alimentan las cuencas hidrográficas del territorio. Estas reservas liberan agua gradualmente a lo largo del año, especialmente en períodos de sequía, cumpliendo un rol estratégico para los ecosistemas. Los glaciares cubren menos del 0,25% de la superficie continental del país. Existe también el “ambiente periglacial”, en áreas de alta montaña, donde hay suelos congelados que regulan el ciclo hídrico, y en media y baja montaña, zonas con suelos saturados en hielos que también cumplen funciones de reserva de agua.
Este año el gobierno envió un proyecto de ley al Congreso para reformar la Ley de Glaciares que busca acotar la protección únicamente a los cuerpos que cumplan una “función hídrica efectiva”. Esta distinción es una trampa semántica; lo que busca es permitirle a la minería el uso de grandes áreas de suelo congelado y sus alrededores, sin entender que el ecosistema de montaña funciona como un todo indivisible.
El proyecto de reforma se vende bajo el nombre de “federalismo ambiental”. El plan es otorgar a las provincias la potestad para decidir qué proteger, como si el agua reconociese fronteras provinciales. En los últimos diez años, los glaciares en los Andes Desérticos (que incluyen a todas las cuencas del noroeste argentino y la cuenca del río Jáchal en San Juan) disminuyeron su superficie un 17%. En los últimos 40 años, los glaciares ubicados en Mendoza perdieron el 36 % de su superficie y volumen.
La reforma a la Ley de Glaciares es solo una parte del plan mayor que busca promover la explotación de minerales “críticos” para la transición energética global. En febrero de este año, el gobierno firmó con Estados Unidos un “Marco para el Fortalecimiento del Suministro en Minería y Procesamiento de Minerales Críticos” para posicionarse como proveedor de materias primas estratégicas. Esto se complementa con el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), que concede a las explotaciones una reducción de controles ambientales y prioridad en el acceso al agua y la energía.
El 26 de febrero, el Senado dio media sanción al paquete de reformas con los votos de los aliados del gobierno y también de algunos peronistas, que actúan como aliados del gobierno. Ahora queda la instancia de Diputados, y viendo cómo salió la Reforma Laboral, es probable que sea aprobada.
Licencia Social
El discurso oficial promete inversiones de 560 millones de dólares y miles de empleos. Lo que ofrece para conseguirlo es agotar las reservas existentes de agua y aflojar los controles para que las empresas puedan contaminar las que queden. Si una comunidad tiene agua contaminada, agua intermitente o el agua está cada vez más lejos, para esa comunidad ya no existe acceso al agua. La utilización de términos técnicos, como hablar de “recursos hídricos”, puede terminar generando una abstracción de la realidad. La contaminación se ve primero en la escala individual. La enfermedad, el deterioro cotidiano, la muerte evitable. Aparecen infecciones, problemas gastrointestinales, diarreas. Un mayor gasto para conseguir agua segura, una mayor dependencia que se traduce en más tiempo requerido para una actividad tan vital como hidratarse. Síntomas individuales que tardan en verse como problemáticas sociales.
La Tierra va a seguir existiendo mucho después de nosotros. Lo que se destruye no es solo el planeta. Se destruyen las condiciones de vida. Se destruyen territorios. Se destruye la salud. Se destruye la autonomía. La posibilidad de reproducir la vida fuera de la lógica de sacrificio que implica el extractivismo. Explotar los recursos hoy con la promesa de un mañana mejor.
Este enfoque, esta ideología, no es nueva ni exclusiva del gobierno de turno. Cambian las banderas, los colores y los discursos, pero el proyecto sigue siendo el mismo. Buscan explotar y exportar la naturaleza, profundizar la dependencia y llamar desarrollo al saqueo cotidiano. Todos son cómplices: mineras, fondos de inversión, exportadores, gobiernos provinciales, el gobierno nacional y todo el entramado técnico, jurídico y policial que hace esta realidad posible.
Algunos, cuando no están en el poder, probablemente hablen de una minería “responsable”, “sustentable”, “con controles”, “con mejores retenciones” o “con licencia social”. En todos esos casos se acepta que el territorio tiene que organizarse en función de la extracción. Que el agua tiene que ser un insumo disponible para la producción. Que la destrucción es aceptable si está bien gestionada o es democráticamente aceptada.
La pelea no es por el ambiente como cosa abstracta. Es por las condiciones materiales de la vida frente a un sistema que trata el agua como insumo sacrificable. Ese orden se sostiene con leyes, con democracia. Esa democracia que incluye a la policía para proteger sus instalaciones y sus casas de gobierno.
El modelo de crecimiento infinito es imposible con recursos finitos. El capitalismo es incompatible con la vida; cuando el planeta no pueda seguir sosteniendo este ritmo, vamos a desaparecer. La naturaleza seguirá en su lento trabajo por la subsistencia.
El Capital, el Estado, las estructuras que hacen posible el despojo y la explotación no se frenan con buenas intenciones, solo pueden frenarse impidiendo que funcionen. No hay otra salida.