El último censo agropecuario de la región Argentina data de 2018. En él se confirma la existencia de 250 mil explotaciones agropecuarias agro-ganaderas, donde viven alrededor de 800 mil personas. El total de esas 250 mil explotaciones equivalen a 157 millones de hectáreas (10 provincias de Salta juntas). Comparada con el último relevamiento oficial de 2002 (82 mil explotaciones agrícolas y 330 mil habitantes) se vislumbra un crecimiento exponencial a partir del auge del monocultivo (principalmente soja) y de la cría extensiva de ganado para consumo humano (modalidad feet lot). Como dato de color, no está de más resaltar que en 2002 había más vacas que personas (51 y 44 millones, respectivamente). Con la sequía de 2009 la brecha se acortó, pero igualmente sigue siendo importante (40 millones de vacas).
Donde sí la brecha es abismal es en la acumulación de tierra, ya que 2500 empresas “del campo” (el 1% de las 250 mil) dominan el 40% de las tierras productivas de Argentina, originando no sólo una brutal acumulación de tierra, sino también una presencia oligopólica en la generación de precios, distribución alimentaria y control salarial. Pero los números no son sólo significativos en el área ganadera, sino que “el campo” produce para sus dueños/as dividendos en otras áreas. Por ejemplo, en 2016 se produjeron 122 millones de toneladas de granos (58 millones de soja, 39 millones de maíz y 11 millones de trigo). En 2020 la producción de leche fue de 10500 millones de litros, 400 millones de litros más que en 2019. Y así se podrían enumerar más estadísticas para dar una radiografía cabal del campo como un todo en la economía Argentina. Pero estos números alcanzan para entender la disputa política entre el sector y el Gobierno respecto al tema de las retenciones (aunque en realidad debería hablarse de “derechos aduaneros aplicables a las exportaciones”. Impuesto que no es propiedad exclusiva del gobierno argentino, pero que en la construcción semántica sirvió de caballito de batalla en la toma de posiciones). Es evidente que la pelea es por el manejo de millones de dólares (según cálculos privados serían 500 millones de dólares) por más que unos se escuden en la “producción nacional y la fuente laboral”, y otros en “la solidaridad y el beneficio nacional”. La disputa de fondo es el manejo desigual de la acumulación capitalista de la tierra y de los beneficios de ésta a partir de la explotación económica y social. Y todo dentro de un contexto de recesión y contracción que, desde 2018, viene teniendo la economía argentina. Recesión que se agudizará por el contexto general producto de la pandemia de Coronavirus (COVID-19) que mantiene en vilo las economías capitalistas de occidente y oriente.
La tregua lograda entre “el campo” y el gobierno macrista puede inscribirse más en “el miedo a” que en el acuerdo social. Y dicha tregua parece haber llegado a su fin desde que el gobierno de Fernández decidió aumentar un 3% el sistema de retenciones. A comienzos de marzo, la Mesa de Enlace decretó un paro por 4 días (cese de comercializaciones) en contraposición a las medidas del Gobierno. Evidentemente entre campo y gobierno la disputa hegemónica llegó a un punto de tensión sólo opacado en la agenda de prioridades por la pandemia de Coronavirus. Pese a ello, no está de más resaltar que el paro es de carácter político/ideológico ya que la Mesa de Enlace es una organización exclusivamente patronal conformada por la Confederación Rural Argentina (CRA), la Sociedad Rural Argentina (SRA), la Federación Agraria Argentina (FAA) y Coninagro. Todas ellas son las que históricamente han marcado los designios del campo como un todo en su relación ambivalente con los gobiernos de diferentes colores desde 1943. Para comprender la magnitud no está de más resaltar que la CRA es una organización de “tercer orden” ya que no nuclea individualidades, sino federaciones y confederaciones locales. En el caso particular de esta última, está compuesta por 14 Federaciones de más de 300 Sociedades Rurales de toda la Argentina. Es evidente que el poder de fuego está dado no sólo por su gran lobby, poder económico y político, sino también por esa gran red de alcance nacional. A este sector nos referimos como “el campo”, ya que son estos “barones agroexportadores” quienes vienen posicionándose políticamente con fuerza desde la novela de la 125.
Ahora bien, en la disyuntiva campo/gobierno es notorio que el campo como actor social no es un ente homogéneo; muy por el contrario, por fuera de las centrales patronales hay una infinidad de pequeños y medianos productores que tienen, o pretenden tener, un desarrollo económico afín a sus intereses. Intereses que difieren de los otros por cuestiones de tamaño, estructura y posibilidad de expansión, pero que en nada se diferencian en la lógica capitalista. A grandes rasgos es una diferenciación de tamaño y posibilidad de crecimiento, más que de cuestiones ideológicas.
Tal vez sirva de argumento para sostener esta diferenciación de matices, más que de cuestiones de fondo, algunas conclusiones a las que llegaron, en su informe CISPAN y FAGRAN: “hay en el país alimentos suficientes para alimentar a toda la población y más. Si se saca de la ecuación lo que se exporta, lo que se destina a consumo animal (que es la mayoría de lo producido en Argentina), las pérdidas que hay en el proceso y otros usos, queda en la Argentina alimento suficiente para cubrir las necesidades calóricas de alrededor de 60 millones de habitantes”.
La pretendida antinomia entre el gobierno y el campo no es más que el reacomodamiento que toda crisis profunda ocasiona. Cuando el Estado necesita ajustar sus rojos fiscales posiciona sus ojos en quienes tienen la “gallina de los huevos de oro”. En contrapartida, el Capital cuando siente “acorralado” su liberalismo económico se abroquela en sí para salir lo menos golpeado posible. Es la historia del capitalismo como doctrina social ya que la tensión no es más que reacomodamiento de las partes.
Por el momento, esta disputa entre el campo (sus dueños, en realidad) y el Gobierno quedó opacada por la crisis sanitaria mundial. El correr de los meses y el cómo se desarrolle la enfermedad por estos lares, nos mostrarán cómo esa lucha política/sectorial se manifiesta. Si queda en un simple histeriqueo patronal o, por el contrario, toma los ribetes de la crisis de 2008.