“El día 10 de enero de 1457 se administraba justicia en los días celebrados en Savigny bajo la presidencia del escudero Nicolás Quareillan, juez de lugar. La querellante era la “noble señorita Catalina de Bernault, señora de Savigny”. El procurador de la señorita era Huguenin Martín, demandante, el cual declaró que el martes antes de Navidad… una cerda y sus seis lechones, al presente presos, fueron cogidos en flagrante delito de asesinato y homicidio en la persona de Juan Martín.

Nos, juez, hemos dado sentencia definitiva de este modo:

Decimos y pronunciamos que la cerda de Juan Bailly, por razón de asesinato y homicidio por ella cometido y perpetrado en la persona de Juan Martín sea confiscada para ser castigada y condenada al último suplicio: ser colgada por las patas traseras de un árbol… Respecto a los lechones de la dicha cerda, por cuanto no está probado que comieran del dicho Juan Martín, nos contentamos con devolverlos a Juan Bailly, mediante caución de devolverlos si a resultas, comieron del dicho Juan Martín…

Y la cerda, conducida en un carreta, ha sido ahorcada por las patas traseras en cumplimiento de dicha sentencia por Esteban Poinceon, ejecutor de la justicia…”

Durante por lo menos 1.000 años se llevaron adelante juicios contra diversos animales (ademas de los humanos), mayoritariamente cerdos que se los dejaba correr libremente. Entre los mas de 200 registros sobre estas penas esta la de un cerdo quemado vivo en la plaza pública en el año 1266 por haber mutilado a un niño. El mismo castigo se enfrentó otro cerdo 120 años más tarde bajo cargos parecidos. Este había sido acusado de arrancar la cabeza y los brazos a un niño.

Por supuesto que la justicia se impartía de forma igualitaria a bípedos y cuadrúpedos, un procurador pedía el procesamiento, se presentaban testigos, se hacia la investigación pertinente y el juez, finalmente, dictaba una sentencia. Todo este proceso podia costar mucho dinero, el animal tenía derecho a un abogado defensor que debía ser contratado; durante el transcurso del juicio el animal era alimentado y en el caso de ser sentenciado a muerte la misma comunidad o el dueño del animal (cuando lo hubiese) tenían que pagar los honorarios del verdugo.

Si pensamos que esto es un absurdo la gente que vivía en esa época debía mirar con los mismos ojos a los griegos, donde en el palacio de justicia conocido como Pritaneo no sólo se juzgaba a los animales sino a estatuas, pilares y demás objetos inanimados. Esto era porque los/as griegos creían que la culpa y el castigo tenían que ser atribuidos a alguna persona, animal o cosa. Si esto no pasaba, los espíritus vengadores del muerto podían perjudicar a la comunidad.

Emergencia

Hace pocos días el gobierno nacional decretó la “emergencia en materia penitenciaria” por los próximos tres años. Esto se debe a la superpoblación en las cárceles del Servicio Penitenciario Federal (SPF). En los últimos tres años se sumaron 3.500 presos a las cárceles federales. En palabras del Ministro de Justicia esto es debido a las “políticas exitosas de seguridad publica”, por lo que esperan que este número siga creciendo.

Pero este número, por sí mismo, no dice demasiado. Hay que entenderlo en un contexto más amplio. La capacidad de alojamiento en estas instalaciones es para 12.235 personas, hoy en día hay más de 13.900 en los diferentes penales, 12.733 son hombres, 1.121 mujeres y 46 son transexuales.

Otro vistazo a estos números nos muestran que 8.157 de estas personas están procesadas es decir que no tienen condena, lo que en la jerga judicial se puede entender como “inocente hasta que se pruebe lo contrario” o que se “presume su inocencia”, sólo que no se presume lo suficiente como para no encerrarlos/as.

Pero si vamos más allá de las causas federales hoy, dentro del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB), hay 45.603 personas privadas de su libertad. De estas, 43.156 se encuentran en cárceles provinciales. La capacidad edilicia de éstas es de 19.810 plazas, aunque el SPB declara espacio para 28.000 personas. El resto se encuentran detenidas en comisarías. Los datos de 2018 muestran que de las 4.052 personas encerradas sólo 1.021 podían tener acceso a una “cama”.

Esta situación se replica en cada provincia, hoy la Argentina ocupa el puesto número 16 en el mundo con 194 personas presas cada 100.000 habitantes. Si a esta esta situación le sumamos los detenidos en comisarías lograríamos un trágico puesto número 13.

Para pasar en limpio, los datos de 2017 nos muestran que en la Argentina hay más de 85.283 personas que están encerradas en prisión. En este contexto, el análisis fácil es echarle la culpa al actual gobierno. Es cierto que se está acelerando la cantidad de detenciones y por sobre todo la cantidad de condenas que ronda el 46%, contra el 19% del gobierno de Néstor o el 40% de Cristina. Pero, la cantidad de detenciones va siempre en aumento sin importar demasiado del color que se pinte el Estado en cada momento.

El sistema carcelario pasó de alojar 51.998 personas en 2003 a unas 85.283 en 2017 y para cuando tengamos datos a fin de 2019 seguramente siga en la misma recta ascendente. Para entender que esto es política de cada gobierno, es decir política de Estado, tenemos que ver la tasa de población penitenciaria. De otra forma, seria simplemente decir que porque aumento la poblacion entonces hay más presos/as, en el año 1996 la tasa era de 71, pasando a 173 en el 2003 y llegando a las 194 personas privadas de su libertad cada 100.000 habitantes.

Sabemos que parece tonto simplemente repetir números cuando comprendemos que sólo una persona encerrada es suficiente para entender la perversidad de esta sociedad entre el Estado y el Capital. Pero es necesario para advertir la complejidad y la escala del sufrimiento que diaria e ininterrumpidamente azota a miles y miles de personas.

Los números pueden servir para justificar muchas cosas y lo vemos a diario, se usan para crear nuevas leyes, reformar las antiguas, se usan para causar enojo o felicidad. Para direccionar nuestra atención a donde, de un lado de la grieta o del otro, nos quieran hacer mirar.

Hoy en día mucha gente que se horroriza, justamente, con el accionar de las fuerzas de seguridad del Estado parecen desconocer la historia reciente. Hay números que parece que sólo se conocen según el actor que esté a cargo del show, los medios nos muestran una escena recortada de la realidad que rápidamente se entiende como la película completa. Como dijimos, este gobierno está acelerando el ritmo de detenciones y las condenas, tanto las que dictaminan los jueces como las otras que dictaminan los policías en las calles o en las cárceles.

Pero el accionar del Estado, en este caso en Democracia, no para de sumar muertes. Desde 1983 hasta febrero de 2019 el Estado por medio de sus fuerzas de seguridad son responsables del asesinato de 6.564 personas. Esto no es, sólo, obra del macrismo. Al igual que con las detenciones y el encarcelamiento masivo, es política de Estado.

Durante los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernandez (2003-2015) se contaba un muerto a manos de las fuerzas estatales cada 30 horas. El promedio de estas muertes durante el actual gobierno de Cambiemos es de una muerte cada 21 horas. Más de 1.300 personas asesinadas en estos últimos tres años que equivalen a un 20% de los asesinatos desde 1983 a manos directas del Estado. Pero Cambiemos todavía necesita un periodo más para igualar a Cristina que mantiene el primer puesto con un 41% de estas muertes, un total 2.664 personas asesinadas.

Cada uno termina pateando la pelota para el lado que quiere, el progresismo saldrá a hablar de “gatillo fácil”, de presos políticos y represión en manifestaciones como si fuesen situaciones atípicas al accionar cotidiano del Estado. Van a mostrar algunos números y gráficos para justificar su enojo al mismo tiempo que en su momento taparon otros.

Podemos volver 10 años atrás y decir lo que decimos ahora, la situación es insostenible. Este mundo en el que estamos viviendo está mal. Es una muestra de la decadencia en la que vivimos que aceptemos el encierro, la tortura, los asesinatos como forma de organizar la vida. La violencia colectiva que vivimos es parte de esto, es consecuencia de la realidad que aceptamos.

En este país, uno que tiene las más altas tasas de encarcelamiento, donde un 32% de la población vive en la pobreza; hay también 8 suicidios por día. Más de 3.000 personas se suicidan por año y no parece despertar ninguna pregunta sobre la forma en que entendemos la vida. Hay números que parecen no importar, hay otros que parecen más urgentes o más fáciles de solucionar por medio de la ley y el orden. Pero detrás de cada uno que se suma hay una persona, una familia, una posibilidad.

Las relaciones sociales y el sentido comunitario está tan destruido que nada de esto parece importar. De un lado o del otro se grita por penas más duras, les hierve la sangre por castigar a quien sea que crean responsable de sus penurias. La misma maquinaria de la Justicia que podía entender como justo la pena de muerte a animales como cerdos, ratas y perros sigue entendiendo como justicia el encierro, la tortura y la muerte de otros seres humanos. Esperemos poder mirar atrás y darnos cuenta de lo absurdo que era todo.