La explotación, el capitalismo, generan entre otros males, la represión y la exclusión. El Estado es el encargado de gestionar y mantener a raya los conflictos que surjan de esto, o evitarlos. Las formas van cambiando según la época y el grado. Cuando la lucha tiene algún signo de inclinar un poco la balanza, se crea el marco jurídico para acomodar las cosas.
Si en algún momento hizo falta un a “ley de residencia” para expulsar a quien luchara (al extranjero, al “rojo”, al “otro”), tiempo después tuvo que crearse otra herramienta mejor. En lo posible que se anticipara a los hechos.
Así nace la Ley del Patronato de menores. Su promotor, el Doctor Agote, era claro: “la causa por que encuéntrase en estas reuniones de anarquistas, tan gran cantidad de niños delincuentes, los que vendiendo diarios primero y después siguiendo, por una gradación sucesiva en esta pendiente siempre progresiva del vicio, hasta el crimen, van más tarde a formar parte de esas bandas de anarquistas, que han agitado la ciudad durante el último tiempo”, “suprimir por medio de la ley que propone ese verdadero cultivo del crimen que principia en las calles vendiendo diarios, y concluye en la cárcel Penitenciaria por crímenes más o menos horrendos”.
Pero los tiempos cambian, y en los 90 el Estado argentino suscribió a “La Convención Internacional sobre los Derechos del Niño”, no sin antes haber indultado a algunos de los responsables de eliminar los elementos subversivos (de “ideas extranjerizantes”, “rojos”, “otros”) y encargarse de sus hijos.
Las modas y la historia se repiten dos veces: “la primera como tragedia y la segunda como farsa”, aunque esta vez parece más una continuidad que se va transformando en farsa.
Hoy el Estado Argentino convirtió en ley el proyecto de “Régimen Penal Juvenil” que baja la edad de imputabilidad a 14 años. Una “solución” a un problema que ya no es el de antes, sino más bien de gestión de la exclusión, y oportunismo político. Después de que varios gobiernos intentaran hacer cambios, (al menos en los últimos 30 años se intentó bajar la edad), finalmente se llegó a esto. Una mezcla de varios proyectos anteriores, que el tiempo dirá si se pone en práctica, ya que el mayor objetivo del gobierno era sumar algo a su discurso.
La nueva Ley de Régimen Penal Juvenil entrará en vigencia 180 días después de su publicación en el Boletín Oficial (promulgada en estos días) y, una vez en vigencia, los gobiernos provinciales tendrán 180 días para “adecuarse”. Establece $23.700 millones para repartir entre los gobiernos provinciales para esta adecuación, que debería incluir la construcción de cárceles (les llaman de otro modo), capacitación de carceleros (los llaman de otro modo) entre muchas otras cosas, ya que, según la ley, los menores de 18 años no deben compartir ámbitos judiciales ni penitenciarios con adultos.
De la cuestión punitiva y los cambios con respecto a la ley anterior, seguramente se encuentren escritos especializados en el tema. Solo por mencionar lo que está publicado en la prensa, establece que un adolescente puede ser imputado penalmente desde los 14 años. Cuando sea condenado por un delito que contempla penas de hasta 3 años, no habrá prisión efectiva. Cuando la pena prevista supere los 3 años y sea de hasta 10 años, el tribunal podrá reemplazar la prisión por penas alternativas. En cambio, delitos más graves, como el robo con armas, sí podrían implicar una condena con cárcel, ya que superan ese umbral. De todas formas, casi todo esto ya se aplica y es posible sin la ley nueva con la ayuda de algunos decretos y según la voluntad del juez de menores.
Lamentablemente, nada nuevo bajo el sol. Si el capitalismo sigue avanzando en la dirección en la que parece, el Estado va a tener mucho trabajo gestionando los daños colaterales. No es gratis privar de lo básico, al mismo tiempo que se le dice a un niño que ser es consumir y que si no llega, es su culpa. La política pretende una sumisión imposible y el progresismo aspira a que, llegado el momento, ese niño robe leche y no un celular (o lo que sea) de manera violenta.
En esta repetición como farsa, a caballo de la propaganda mediática, el que protesta de manera más o menos violenta, es terrorista. Junto al inmigrante ilegal forman el “otro” de un relato acorde a los tiempos que corren y los niños, nuevamente son “menores”.